Militares salvadoreños en Haití: qué autoriza la ley y qué control existe

A 13 de noviembre de 2026, la presencia militar salvadoreña en Haití descansa en el Decreto Legislativo n.º 679, la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). La Asamblea lo aprobó el 29 de septiembre, el Presidente lo sancionó el 30 y rige desde el 2 de octubre de 2026 por un período inicial de doce meses, con prórroga automática. No fija cuántos militares pueden ir. El Gobierno y la prensa hablan de más de 2.000 desde finales de octubre; según la prensa, el vocero de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que solo unos 200 forman parte de la GSF y que el resto actúa por un arreglo bilateral con Haití, cuyo texto no es público. Cuatro aerotécnicos salvadoreños están desaparecidos desde el 18 de octubre.

Contrastamos esas cifras con los textos oficiales que pudimos leer y señalamos lo que aún no se puede afirmar. Las posturas de autoridades y organizaciones se presentan como declaraciones atribuidas.

¿Cuántos militares salvadoreños hay en Haití y bajo qué misión?

No hay una cifra oficial única; hay tres escalas.

La primera es la de las leyes. El Decreto Legislativo n.º 181, de 20 de diciembre de 2024, autorizó la participación en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), creada por la resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad con Kenia como país líder. Su artículo 1 describe «aeronaves de ala rotativa, completamente equipadas para evacuaciones médicas y con protección de otras aeronaves propias». Según la prensa, llegaron ocho especialistas en enero de 2025 y 70 militares el 4 de febrero (dato atribuido a Reuters).

La segunda es la de la GSF. La resolución 2793 (2025), de 30 de septiembre de 2025, autorizó transformar la MMAS en la Fuerza de Supresión de Pandillas, según el considerando V del Decreto 679. Noticias ONU informó de un techo de 5.550 personas. La prensa reporta una prórroga hasta el 31 de marzo de 2027. Según Noticias ONU, citado por elsalvador.com, la GSF tenía 1.563 uniformados de seis países al 12 de octubre.

La tercera es la del refuerzo. Tras la emboscada del 18 de octubre en Santo (Croix-des-Bouquets), Bukele anunció una operación de rescate el 21. El Diario El Mundo recoge que el 22 llegaron 100 efectivos de fuerzas especiales, que Reuters habló de más de 1.000 el 28 y que ese día la Cancillería confirmó más de 2.000. Infobae suma más de 2.500 el 11 de noviembre, con blindados y helicópteros.

¿Quién autoriza la salida de tropas y con qué mayoría?

La autoriza la Asamblea Legislativa mediante una ley especial, a iniciativa del Presidente, y basta la mayoría ordinaria. La Constitución no regula de forma expresa el envío de tropas salvadoreñas al exterior. Su artículo 131 ordinal 29.º se refiere a lo contrario: «permitir o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República». No es la base de estos decretos.

La práctica se apoya en otras normas. El artículo 131 ordinal 5.º faculta a la Asamblea a decretar leyes. El artículo 168 ordinales 11.º y 12.º atribuye al Presidente conducir la Fuerza Armada y disponer de ella, y el artículo 213 la subordina a él como Comandante General. El artículo 123 exige «por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los Diputados electos», salvo que la Constitución pida otra mayoría; en los artículos revisados no hay una distinta para este tipo de decreto.

El Decreto 679 se emitió «a iniciativa del presidente de la República, por medio del ministro de la Defensa Nacional». Según El Diario de Hoy se aprobó con 57 votos y dispensa de trámite; El Diario El Mundo reportó 59 votos para el Decreto 181. Esas cifras no constan en los textos.

Aparte está el tratado. El Acuerdo sobre las Protecciones de la Condición de la MMAS (Washington, 21 de junio de 2024, con la OEA como depositaria) fue ratificado por el Decreto Legislativo n.º 132, de 30 de octubre de 2024, publicado en el Diario Oficial n.º 213, tomo 445, de 7 de noviembre, según el considerando VI del Decreto 181. Por el artículo 144, un tratado vigente prevalece sobre la ley.

¿Qué dice exactamente el Decreto 679 y qué cambió respecto del 181?

Amplía las funciones y quita la fecha de término. Cuatro diferencias se comprueban en los textos.

Plazo. El 181 llegaba hasta el 2 de octubre de 2025; el Decreto Legislativo n.º 418, de 1 de octubre de 2025 (Diario Oficial n.º 184, tomo 449), añadió un año de vigencia. El artículo 1 del 679 fija «un período inicial de 12 meses» y una participación «prorrogable automáticamente mientras dure la misión o por el tiempo que se considere conveniente a los intereses institucionales». Varios medios escriben «hasta octubre de 2027»; el texto habla de un período inicial.

Funciones. El 181 se limitaba a evacuación médica. El 679 habla de «aeronaves de ala completamente equipadas para misiones específicas», y su considerando VI dice que El Salvador puede apoyar con «ayuda militar y equipamiento de defensa». No precisa cuántas aeronaves ni de qué tipo; Infodefensa menciona dos Bell UH-1N cedidos por Estados Unidos, dato de una sola fuente.

Territorio. El artículo 3 permite apoyar a la GSF «desde la República de Haití o desde República Dominicana» mediante «Acuerdos entre Estados».

Información. El artículo 9 del 181 obligaba al Presidente a informar «en forma periódica» a la Asamblea; el 679 no lo repite. Sí mantiene que las compras de la Defensa para el despliegue quedan fuera de la Ley de Compras Públicas (art. 9) y que el Presidente negocie que el personal no sea entregado a tribunales internacionales ni a otros Estados «sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el país» (art. 8).

El 679 no deroga expresamente al 181, aunque este vencía el mismo día en que aquel entra en vigor, y ninguno fija un número de efectivos.

¿Bajo qué mandato internacional actúan y qué reglas de uso de la fuerza rigen?

Quienes integran la GSF actúan bajo la autorización del Consejo de Seguridad; los demás, según la ONU, quedan fuera de ese mandato. El considerando VII del Decreto 679 invoca el Capítulo VII de la Carta. Dujarric dijo, según Listín Diario, que la gran mayoría de los recién llegados no forma parte de la GSF ni del seguimiento de la Oficina de Apoyo de la ONU, y que deben respetar el derecho internacional. El vicepresidente Félix Ulloa sostuvo, según Infobae, que existe «un arreglo bilateral con las autoridades haitianas». El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que el Estado haitiano conserva la dirección política y estratégica, según elsalvador.com.

Sobre el uso de la fuerza, los textos dicen poco. Los artículos 4 y 7 del 679 remiten a los Convenios de Ginebra y a «las reglas de enfrentamiento para la misión», que no son públicas. El Acuerdo de 2024 prevé que el personal use uniforme nacional, porte armas «de acuerdo con las órdenes emitidas por el comandante de la MMAS» (art. 8.9 y 8.10) y que el mando y control operacional recaiga en ese comandante (art. 10.2). No pudimos leer el acuerdo de estatus de la GSF que cita el artículo 4 del 679.

Del despliegue bilateral no hay texto público. Amnistía Internacional pidió el 9 de noviembre publicar los acuerdos y explicar la supervisión, las reglas de uso de la fuerza y la rendición de cuentas. El Miami Herald, citado por elsalvador.com, informó de que los refuerzos llegaron antes de firmarse un acuerdo formal con Haití; es una afirmación de ese medio, no contrastada.

¿Qué jurisdicción juzga a un militar salvadoreño por hechos en Haití?

En principio, la salvadoreña. El Acuerdo de 2024 dispone que el personal «estará supeditado a la jurisdicción exclusiva de sus respectivos Estados participantes con respecto a todo delito que pueda cometer en Haití» (art. 8.21) y le reconoce inmunidad por actos oficiales (art. 8.20). El artículo 6 del Decreto 679 reitera que El Salvador «se reserva el derecho de mantener su jurisdicción sobre este personal», como lo hicieron las leyes de MINUSTAH y MINUSMA.

Dentro de la jurisdicción salvadoreña hay dos vías. La militar es excepcional: el artículo 216 de la Constitución la reduce a los delitos y faltas «puramente militares», los que afectan «de modo exclusivo un interés jurídico estrictamente militar», y el artículo 1 del Código de Justicia Militar la limita a militares en servicio activo por esos delitos. Un homicidio o unas lesiones a civiles no cumplen esa definición y corresponden a la justicia ordinaria. El artículo 9 del Código Penal aplica la ley salvadoreña a delitos de salvadoreños en el extranjero y de servidores del Estado no procesados allá por sus privilegios, y el artículo 10 a hechos que impliquen «grave afectación a los derechos humanos reconocidos universalmente».

No pudimos confirmar qué fiscalía y qué tribunal ordinario conocerían de un hecho en Haití: los decretos no lo dicen y no hay casos conocidos.

¿Qué derechos laborales, de seguridad social e indemnización tienen el militar y su familia?

Los del régimen militar general; los decretos de Haití no crean prestaciones propias. El artículo 214 de la Constitución impide privar a los militares de «grados, honores y prestaciones, salvo en los casos determinados por la ley». La Ley de la Carrera Militar les reconoce los derechos fundamentales (art. 111) y remite su seguridad social al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPSFA (art. 112).

La Ley del IPSFA, en la copia del corpus de LexOS, distingue los actos del servicio. La invalidez permanente de 60 % o más da una pensión del 40 % del salario básico más 2 % por año cotizado, «salvo que la invalidez hubiere ocurrido en actos del servicio o como consecuencia directa de los mismos, en cuyo caso será el cien por ciento» (art. 20). Si el afiliado fallece «en ocasión de cumplir con un acto del servicio», los beneficiarios reciben el 100 % del salario básico regulador (art. 36). Hay además un seguro de vida de treinta veces ese salario (art. 53). Que un hecho en Haití sea acto del servicio lo calificaría el instituto; no hallamos criterios públicos ni un seguro o indemnización específicos de la misión. Sobre los cuatro desaparecidos, Bukele sostiene que están vivos y el Gobierno haitiano los considera desaparecidos, según Infobae; no hay información oficial sobre su estatus administrativo.

¿Qué control tienen la Asamblea, la Corte de Cuentas y la Sala de lo Constitucional?

Los tres controles existen; no consta que se hayan ejercido.

La Asamblea puede reformar o derogar el decreto (art. 131 ord. 5.º) y aprobar el presupuesto (ord. 8.º). El Decreto 181 le aseguraba informes periódicos; el 679 no. La obligación de informar del artículo 168 ordinal 12.º se refiere a la paz interna, no a misiones en el exterior.

La Corte de Cuentas vigila la erogación de fondos públicos y fiscaliza la gestión de las entidades estatales (art. 195 de la Constitución; art. 5 de su ley). El artículo 9 del 679 excluye de la Ley de Compras Públicas las adquisiciones de Defensa para el despliegue, pero no menciona la fiscalización. Bukele dijo, según Infobae, que El Salvador cubre el 90 % del costo; Ulloa, que se financia con el presupuesto nacional y sin dinero externo. El monto no se ha divulgado y no hallamos auditoría ni asignación específica.

La Sala de lo Constitucional es el único tribunal que declara la inconstitucionalidad de decretos, a petición de cualquier ciudadano (arts. 174 y 183). En el corpus de LexOS, con resoluciones hasta 2026, no hay demanda ni resolución sobre los decretos de Haití.

¿Tiene El Salvador precedentes de misiones militares en el exterior?

Sí, con el mismo esquema: una ley especial transitoria que aplica una resolución del Consejo de Seguridad. Hubo leyes para Irak (resolución 1546; Decreto 376 de 15 de julio de 2004, Diario Oficial n.º 133, tomo 364, y Decreto 762 de 2005), para MINUSTAH en Haití (resolución 1542; entre otras, Decreto 235 de 2012) y para MINUSMA en Malí (resolución 2100; entre otras, Decreto 79 de 2018).

Sobre Irak, un ciudadano alegó que violaba los artículos 211 y 212. En la sentencia 25-2004, de 25 de julio de 2007, la Sala declaró que no existía la inconstitucionalidad: la política exterior forma parte del proyecto común de la nación y «la Fuerza Armada está obligada a colaborar para la consecución del proyecto común de la nación, cuando sea requerida por los Órganos competentes y dentro de los límites que establece la Constitución». Calificó la paz y la ayuda humanitaria como «misiones no tradicionales», compatibles con el artículo 212 por la dimensión externa de la soberanía (art. 83). La magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés votó en contra, por entender que se confería a la Fuerza Armada una función no prevista por el constituyente. El 19 de agosto de 2004 la Sala ya había declarado improcedente el amparo 513-2004 contra esos decretos, por falta de agravio.

Esa sentencia se dictó sobre una misión amparada por una resolución del Consejo. No resuelve el caso de un despliegue bilateral fuera de un mandato, que es lo que la ONU atribuye a la mayor parte del contingente actual. Este artículo no sostiene que sea constitucional o no: señala que el punto no ha sido decidido.

Cronología

• 2 de octubre de 2023: resolución 2699 crea la MMAS (fecha según el Acuerdo de 2024).
• 21 de junio de 2024: se firma el Acuerdo de la MMAS.
• 30 de octubre de 2024: Decreto 132 lo ratifica.
• 20 de diciembre de 2024: Decreto 181, evacuación médica.
• Febrero de 2025: 70 militares (según la prensa).
• 30 de septiembre de 2025: resolución 2793 crea la GSF. El 1 de octubre, Decreto 418 prorroga el 181.
• 29 y 30 de septiembre de 2026: se aprueba y sanciona el Decreto 679, vigente el 2 de octubre.
• 18 de octubre de 2026: emboscada; desaparecen cuatro aerotécnicos.
• 21 a 28 de octubre: anuncio del rescate y llegada de refuerzos; el Gobierno confirma más de 2.000.
• 3 de noviembre: Dujarric precisa que la mayoría no integra la GSF.
• 9 de noviembre: Amnistía pide publicar los acuerdos.
• 12 de noviembre: la policía haitiana entrega a la Fuerza Armada el estadio Sylvio Cator.
• 16 y 17 de noviembre: visita prevista del primer ministro haitiano (según Ulloa).

Lo que no se pudo confirmar

• El texto de las resoluciones 2699, 2751 y 2793: las páginas de la ONU respondieron con error. Los datos provienen de los decretos, del Acuerdo de 2024 y de Noticias ONU; la prórroga a 2027 es dato de prensa.
• El número y tomo del Diario Oficial del Decreto 679 y el texto del Decreto 418.
• El acuerdo bilateral con Haití, su fecha y si lo ratificó la Asamblea; el acuerdo de estatus de la GSF.
• Las reglas de enfrentamiento del personal salvadoreño.
• Si el refuerzo tiene respaldo legislativo distinto del Decreto 679, que no fija número de efectivos.
• Cifras exactas del contingente, de helicópteros y de costo; la aportación de Estados Unidos (Rubio dijo, según la prensa, que su país no participa «de forma activa»).
• La suerte de los cuatro aerotécnicos y las prestaciones de la misión.
• Los votos de 57 y 59: cifras de prensa que no constan en los textos.

Fuentes

Fuentes primarias (textos leídos; ids del corpus de LexOS)

• Decreto Legislativo 679, de 29 de septiembre de 2026, Ley Especial Transitoria de la GSF en Haití. Id d4532c74-7781-4b95-b95b-49c5a5a831a4. https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2020-2029/2026/09/116CCC.PDF
• Decreto Legislativo 181, de 20 de diciembre de 2024 (MMAS), con reforma del Decreto 418 de 1 de octubre de 2025. Id 74ccc302-7967-4b4b-bd39-b96ea8cdfa49. https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2020-2029/2024/12/1071BA.PDF
• Acuerdo sobre las Protecciones de la Condición de la MMAS en Haití, 21 de junio de 2024 (ratificado por el Decreto 132). Id 65dbbd0d-d139-4943-8436-95ecb7b5f596. https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/3/2020-2029/2024/11/1061D8.PDF
• Constitución de la República (1983). Id 2c2041fe-d703-490c-8a97-2f8eede160cc.
• Sala de lo Constitucional, Inc. 25-2004 (25-07-2007), id 51fb3156-a398-46da-acf8-ad0b1eff590a; Amp. 513-2004 (19-08-2004), id a41ff835-de2f-4c7f-998e-dd1ed2764d94.
• Código de Justicia Militar (id f39519be-fcf1-4037-a3ee-547f095f39aa); Código Penal (id aace7189-00e7-4686-85d8-400a107fcd03); Ley de la Carrera Militar (id 1ec42d2e-a3ae-46c1-9637-0f3fac2e6d74); Ley del IPSFA (id 68f8bce7-f74b-448a-80c4-9131442bc0aa); Ley de la Corte de Cuentas (id 5da93de4-8523-46a6-ac3c-6fdcf2942c24).
• Leyes de MINUSTAH (Decreto 235 de 2012, id 968fe216-4f2d-45e7-aa75-6650d9395979) y MINUSMA (Decreto 79 de 2018, id 72bd5efc-380d-434e-b21b-700251adbceb).

Prensa y organismos (contexto, atribuidos)

• Amnistía Internacional, 9 de noviembre de 2026. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2026/11/haiti-los-gobiernos-de-haiti-y-el-salvador-deben-garantizar-que-el-despliegue-militar-salvadoreno-respete-los-derechos-humanos/
• Noticias ONU, octubre de 2025. https://news.un.org/es/story/2025/10/1540516
• Infobae, 6, 11 y 12 de noviembre de 2026. https://www.infobae.com/el-salvador/2026/11/11/por-que-el-salvador-envio-mas-de-2500-militares-para-combatir-a-las-pandillas-en-haiti/
• Diario El Mundo, línea de tiempo (1 de noviembre de 2026) y nota del 20 de diciembre de 2024. https://diario.elmundo.sv/nacionales/haiti-pandillas-y-una-mision-militar-de-rescate-la-linea-de-tiempo-tras-la-emboscada-de-soldados-salvadorenos
• El Diario de Hoy, cronología del 25 de octubre de 2026. https://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacionales/tropas-salvadorenas-en-haiti-cronologia-funciones-y-la-reciente-emboscada-que-dejo-cuatro-desaparecidos/98128/2026/
• elsalvador.com, nov. de 2026. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/haiti-militares-pandillas-onu/1302204/2026/
• Infodefensa, 1 de octubre de 2026. https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/6034956/salvador-amplia-presencia-seguridad-haiti-envio-militares-helicopteros
• NTN24, 29 de septiembre de 2026. https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/onu-prolonga-por-seis-meses-la-fuerza-antipandillas-en-haiti-654309