Caso Juan Barrera y la Alcaldía de San Salvador: qué enseña una deuda heredada

El 5 de noviembre de 2026, Juan Barrera, expresentador de televisión y hoy creador de contenido, volvió a reclamar públicamente a la Alcaldía de San Salvador Centro el pago de servicios de publicidad. La disputa no es nueva: sus primeras demandas datan de 2023. Se trata de un caso útil para entender qué ocurre con las obligaciones de un municipio cuando cambia el gobierno local.

Una precisión inicial. Barrera no es un funcionario municipal ni un exalcalde: es el representante de Grupo Barrera, S.A. de C.V., empresa que se presenta como acreedora de la comuna. Quienes ejercieron como alcaldes en el período son Ernesto Muyshondt (2018 a 2021) y Mario Durán (desde 2021). Este artículo se limita a lo que consta en medios y a lo que dicen las normas. Todo lo que se atribuye a las partes es su versión y no un hecho establecido.

¿Cuánto reclama Grupo Barrera y por qué contratos?

Según El Diario de Hoy, el acuerdo municipal que adjudicó a Grupo Barrera una licitación de servicios de agencia de publicidad es del 11 de septiembre de 2019, y el contrato se formalizó el 24 de septiembre de 2019, bajo la gestión de Muyshondt. El mismo medio informó de una prórroga autorizada el 19 de diciembre de 2019 y de un segundo contrato, de 2020, derivado de la licitación LPS-04-AMSS-2020.

La Noticia SV, en su nota del 5 de noviembre de 2026, indica que entre 2018 y 2021 la empresa recibió cuatro adjudicaciones (dos licitaciones públicas y dos prórrogas) por un total de 1,683,843.32 dólares. Esa cifra es la que ese medio presenta; no se pudo contrastar con el portal de transparencia de la alcaldía.

Las cantidades reclamadas han variado según el momento y la fuente:

• En marzo de 2023, la empresa demandó 378,736 dólares por el contrato y la prórroga de 2019. El 11 de abril de 2023 presentó una segunda demanda por 771,525 dólares, por el contrato de 2020. Sumadas, según El Diario de Hoy, ascendían a 1,150,261 dólares.
• Otra nota del mismo diario, de octubre de 2023, habla de una demanda por 488,600.72 dólares, que incluye servicios impagos y mora.
• En noviembre de 2026, Barrera habla de "un poco menos de medio millón de dólares", según La Noticia SV. El analista Walter Araujo menciona una demanda por cerca de 447,000 dólares.

Las diferencias entre estas cifras no están explicadas en las fuentes consultadas y no se debe asumir que describan la misma deuda.

¿Qué dicen las partes?

Barrera sostiene que la empresa ganó los contratos en licitación pública, prestó los servicios y no ha recibido pago en más de cinco años. Sostiene también que la publicidad fue institucional, incluidas campañas de prevención de la covid-19, y que cuenta con los materiales. Atribuye el impago a una "vendetta política", ya que se interrumpió con el cambio de gobierno municipal en 2021. Afirma además que la alcaldía lo demandó por unos 26,000 dólares en impuestos, intereses y multas, y que su empresa dejó de operar por falta de pagos. Estas afirmaciones provienen de sus declaraciones difundidas por La Noticia SV y no se han verificado de forma independiente.

La contraparte política cuestiona el destino del gasto. En abril de 2023, el entonces concejal Héctor Silva (Nuestro Tiempo) afirmó que buena parte de la deuda correspondía a propaganda de la campaña de reelección de Muyshondt y no a comunicación institucional, según El Diario de Hoy. Barrera lo negó. Araujo, por su parte, afirma que los contratos presentan "severas anomalías" y que existiría una investigación penal de la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una auditoría interna de la alcaldía. Atribuye ese dato a fuentes de la FGR.

Ni la alcaldía ni la FGR han confirmado públicamente esas versiones en las notas consultadas. La comuna no respondió a las consultas de El Diario de Hoy en 2023 ni consta una respuesta en las notas de noviembre de 2026. En el proceso judicial, en cambio, sus apoderadas sí contestaron la demanda y opusieron la excepción de arbitraje, según el auto de 2024.

¿En qué estado está la demanda?

Esto es lo que se puede afirmar con las fuentes disponibles.

• La demanda por 488,600.72 dólares fue presentada el 23 de marzo de 2023 y admitida el 19 de octubre de 2023 por el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo, según El Diario de Hoy. El juzgado pidió a la alcaldía el expediente administrativo y que contestara la demanda, y notificó a la Fiscalía General de la República.
• La segunda demanda, por el contrato de 2020, se presentó ante la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo, por razón de cuantía, según el abogado de la empresa, Óscar Canjura. No se halló información sobre su resultado.
• En noviembre de 2026, La Noticia SV informa que un juzgado contencioso declaró "improponible" una demanda porque no se pudo demostrar en qué se gastó el dinero. Barrera dice que el alcalde Durán se lo comunicó por mensaje y que ello no extingue la deuda. Diario Cronio señala que no pudo verificar esa resolución ni sus fundamentos.

Lo que muestra la resolución judicial publicada. El Centro de Documentación Judicial publica un auto del Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador Centro, de 2 de diciembre de 2024 (proceso 00095-23-ST-COPC-3CO), en el que Grupo Barrera es la demandante y el municipio la demandada. Se refiere al contrato de servicio de publicidad formalizado el 24 de septiembre de 2019 y a su prórroga, por $172,954.94 y $158,573.09 que, según la demanda, no se pagaron. Lo que resolvió:

• Declaró la improponibilidad sobrevenida de la demanda porque el contrato contiene una cláusula de arreglo directo y arbitraje, ratificada en la prórroga, y la alcaldía opuso la excepción de arbitraje. Según el juzgado, el incumplimiento alegado "es una materia sometida al arbitraje". No resolvió que la deuda no exista ni analizó el destino del gasto: el motivo fue de jurisdicción, no de fondo.
• Rechazó el argumento de la empresa de que, como el municipio decía que el pago estaba "en trámite", no podía invocar el arbitraje.
• Dejó sin resolver la falta de agotamiento de la vía administrativa y la prejudicialidad, que la alcaldía también había planteado.
• Rechazó el recurso de revocatoria contra la reserva total del proceso, decretada el 2 de septiembre de 2024, y la levantó al terminar el proceso. Dio por acreditado un aviso penal presentado por la alcaldía el 17 de septiembre de 2021 y un oficio de la Fiscalía de mayo de 2024 que pidió copia del proceso, y concluyó que "sí existe una investigación penal". Esto es una investigación, no una imputación ni una acusación contra persona alguna.

La resolución no indica la cuantía total reclamada ni la fecha de admisión, así que no se puede afirmar que sea la demanda de 488,600.72 dólares. Tampoco consta si se apeló ni si se inició el arbitraje. La resolución relativa al contrato de 2020 (Cámara Segunda) no apareció. Cabe la posibilidad de que la "improponibilidad" que Barrera comenta en 2026 sea este auto de 2024, pero la nota no da fecha y eso no está confirmado.

¿Qué dice la ley sobre una deuda municipal heredada?

La obligación es del municipio, no de la persona del alcalde. El Código Municipal dispone que el alcalde representa legal y administrativamente al municipio (art. 47) y que es el Concejo quien aprueba los contratos administrativos y adjudica las contrataciones de bienes y servicios conforme a la ley (art. 30, numerales 8 y 9). Un contrato adjudicado por un Concejo vincula al municipio como persona jurídica, y la renovación del Concejo tras una elección no lo extingue por sí misma. Esta es la idea central de la continuidad de la deuda, que se desarrolla en las deudas de las alcaldías salvadoreñas y el cambio de alcalde.

Continuidad no equivale a pago automático. El artículo 66 del Código Municipal enumera las obligaciones a cargo del municipio: las "legalmente contraídas" derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos, las deudas de presupuestos fenecidos reconocidas conforme al ordenamiento, las reconocidas o transadas por el municipio y aquellas a cuyo pago se hubiera condenado por sentencia ejecutoriada. Todo el debate de fondo gira en torno a si estas obligaciones fueron legalmente contraídas y si el servicio se prestó conforme a lo contratado. Esa es una cuestión de prueba que corresponde decidir a los tribunales.

El destino del gasto importa. El mismo Código impone al Concejo administrar con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia (art. 31, numeral 4) y prohibir el uso de bienes y servicios municipales con fines partidarios (art. 31, numeral 11). Si se probara que el servicio contratado fue propaganda electoral, se discutiría la legalidad del gasto. Si no se prueba, esa hipótesis es solo un argumento de parte. Por eso la conservación de documentos pesa: el artículo 105 obliga a los municipios a conservar los registros que respaldan las rendiciones de cuentas, la documentación financiera al menos cinco años y los registros contables diez.

La vía contenciosa tiene reglas propias. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 35, enumera los supuestos de improponibilidad, entre ellos que no se hubiera agotado la vía administrativa, la falta de legitimación material, la cosa juzgada o la falta de presupuestos materiales. La misma norma establece que, si la demanda se declara improponible en atención al objeto de la pretensión, no puede volver a plantearse. En este caso el auto de 2024 no se basó en ninguno de esos supuestos del artículo 35, sino en una cláusula arbitral del contrato (arts. 161 y 165 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, derogada pero aplicable, y arts. 31 y 32 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje). La Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo ha sostenido la misma línea: si el contrato administrativo tiene convenio arbitral, la parte demandada puede oponer la falta de jurisdicción (resolución de 24 de mayo de 2023, 00056-23-ST-COAP-2CAM). Que un tribunal declare improponible una demanda no equivale a declarar que la deuda no existe, ni tampoco a reconocerla.

Los tribunales sí condenan a municipios a pagar contratos cumplidos, y exigen formalidades. En una sentencia de 1 de diciembre de 2025 (00080-25-SM-COPA-CO), el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Miguel condenó al Concejo de Usulután Norte, sucesor del municipio de Alegría, a pagar el precio de una obra ya recibida: el contrato había sido cumplido, constaba el acta de recepción y el municipio solo alegó, sin probarlo, que no tenía fondos. El mismo fallo negó la compensación por mora porque la contratista no había presentado la factura que exige el artículo 79 de la Ley de Adquisiciones. Es un precedente análogo, no del caso Barrera. Enseña que el pago exige contrato, cumplimiento acreditado y documentos de respaldo.

El alcalde no puede endeudar al municipio por su cuenta. La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, el 11 de diciembre de 2024 (129-45CM2-2024), rechazó la demanda ejecutiva de una televisora contra el municipio de San Salvador basada en pagarés firmados por el exalcalde, porque faltaba la autorización escrita del Concejo. Dijo que lo contrario "implica que el alcalde municipal se otorgue personalmente una atribución que no posee, que es la de endeudar al municipio". Solo se rechazó esa vía ejecutiva; no se juzgó la deuda de fondo. También es un precedente análogo.

La responsabilidad de los funcionarios es otra cuestión. La Ley de la Corte de Cuentas de la República distingue la responsabilidad administrativa, que se sanciona con multa por inobservar la ley o incumplir deberes (arts. 54 y 107), de la patrimonial, por el perjuicio económico demostrado en el patrimonio de la entidad (art. 55). Los servidores responden por lo que hacen y por lo que dejan de hacer cuando la ley les obliga (art. 61). La Corte debe notificar también a quien ya no ejerce el cargo (art. 62). Esa responsabilidad se determina en un juicio de cuentas, tras un informe de auditoría (art. 66). Es un cauce distinto del cobro del proveedor: puede haber deuda exigible sin responsabilidad de ningún funcionario, o responsabilidad de funcionarios sin que ello libere al municipio frente a un tercero de buena fe. Cuál de esos escenarios corresponde aquí es algo que no resuelven las fuentes.

El Código Penal solo entra si hay un delito. El peculado (art. 325) sanciona al funcionario que se apropie, use o desvíe en beneficio propio o ajeno dinero cuya administración tenga a su cargo. Es la figura que evoca la hipótesis de desvío de fondos que menciona Araujo, pero esa hipótesis se atribuye a un analista y no consta una imputación. Se requiere un proceso con sentencia firme para afirmar algo más.

La Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal no rige este reclamo. Esa ley regula los requisitos para contratar, registrar y controlar las obligaciones financieras que constituyen deuda pública municipal, es decir, los créditos, según su artículo 1. Una deuda con un proveedor de publicidad es, en principio, una obligación contractual ordinaria, a menos que un tribunal u otra fuente indique algo distinto. Conviene tenerlo presente, pues se suele llamar "deuda municipal" a cosas de naturaleza distinta.

Un dato de contexto sobre la contratación: la Ley de Compras Públicas (Decreto Legislativo 652, de 2023) derogó expresamente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (art. 191). Los contratos de 2019 y 2020 se adjudicaron antes de ese cambio. El régimen vigente se explica en cómo funcionan las compras públicas en El Salvador.

Lo que enseña el caso

1. La deuda sigue a la institución. Un cambio de alcalde o de Concejo no borra las obligaciones del municipio, pero tampoco las valida si no fueron legalmente contraídas.
2. La prueba y la vía decididas en el contrato importan. Contrato, acuerdo de adjudicación, informes de recepción y facturas determinan la suerte de un reclamo. Además, una cláusula arbitral puede sacar la disputa de los juzgados, como ocurrió en el auto de 2024. La Noticia SV atribuye la resolución a la imposibilidad de demostrar el destino del dinero, pero el auto publicado se basa en el arbitraje.
3. Cobro, fiscalización y responsabilidad penal son vías separadas, con autoridades, plazos y estándares distintos.
4. Quien reclama y quien es investigado tienen derecho a una resolución motivada. Mientras esa resolución no exista, los señalamientos cruzados son versiones de parte.

Lo que no se pudo confirmar

No se halló el estado de la demanda ante la Cámara Segunda ni ninguna resolución posterior a diciembre de 2024. Se desconoce si el auto de 2024 se apeló o si se inició el arbitraje. No se pudo vincular ese auto con la demanda de 488,600.72 dólares. Tampoco hay confirmación oficial de una imputación de la Fiscalía ni de la intervención de la Corte de Cuentas, aunque el auto sí da por acreditada una investigación penal. Las cifras reclamadas difieren entre fuentes. Estas lagunas se actualizarán si se publican nuevas resoluciones.

Este artículo es informativo y no sustituye la asesoría de un abogado para un caso concreto.

Fuentes

• El Diario de Hoy, "Alcaldía San Salvador debe más de un millón a agencia" (11 de abril de 2023): https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mario-duran-san-salvador-alcaldia-de-demanda-judicial-demandas-nuevas-ideas-/1053451/2023/
• El Diario de Hoy, "Agencia publicidad habría usado fondos alcaldía en Muyshondt" (14 de abril de 2023): https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/san-salvador-alcaldia-de-publicidad-propaganda-electoral-ernesto-muyshondt-mario-duran-/1054236/2023/
• El Diario de Hoy, "Juzgado admite demanda contra alcaldía de San Salvador, que adeuda casi medio millón de dólares a agencia publicitaria" (octubre de 2023): https://www.elsalvador.com/h-noticias/h-nacional/demanda-contra-alcaldia-san-salvador-deuda-agencia-publicitaria/1097772/2023/
• La Noticia SV, "Juan Barrera denuncia deuda de $500 mil en San Salvador Centro" (5 de noviembre de 2026): https://lanoticiasv.com/juan-barrera-denuncia-deuda-alcaldia-san-salvador-centro/
• La Noticia SV, "Araujo dice que existen severas anomalías en el contrato entre Juan Barrera y la administración Muyshondt" (6 de noviembre de 2026): https://lanoticiasv.com/araujo-dice-que-existen-severas-anomalias-en-el-contrato-entre-juan-barrera-y-la-administracion-muyshondt/
• Diario Cronio, "Juan Barrera reclama a la Alcaldía de San Salvador Centro un pago pendiente por servicios de publicidad" (6 de noviembre de 2026): https://croniosv.com/nacionales/judicial/juan-barrera-reclama-a-la-alcaldia-de-san-salvador-centro-un-pago-pendiente-por-servicios-de-publicidad/
• Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador, auto de 2 de diciembre de 2024, NUE 00095-23-ST-COPC-3CO: https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2020-2029/2024/12/108829.PDF
• Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo, resolución de 24 de mayo de 2023, 00056-23-ST-COAP-2CAM (precedente análogo): https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2020-2029/2023/05/FAFEB.PDF
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Miguel, sentencia de 1 de diciembre de 2025, 00080-25-SM-COPA-CO (precedente análogo): https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2020-2029/2025/12/110B29.PDF
• Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, resolución de 11 de diciembre de 2024, 129-45CM2-2024 (precedente análogo): https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/2020-2029/2024/12/10A3A0.PDF
• Constitución de la República, art. 12; Código Municipal, arts. 30, 31, 47, 66 y 105; Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, art. 35; Ley de la Corte de Cuentas de la República, arts. 54, 55, 61, 62, 66 y 107; Código Penal, art. 325; Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal, art. 1; Ley de Compras Públicas, art. 191. Textos vigentes y resoluciones consultados en el corpus de LexOS y el Centro de Documentación Judicial